ENTREVISTA CON MARIANO RAJOY, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

"EL AÑO QUE VIENE SERÁ MEJOR QUE ÉSTE.

 Y EN 2014 HABRÁ CRECIMIENTO POSITIVO

El presidente de Gobierno explica los motivos de sus principales decisiones 

y anticipa las prioridades para el próximo año

Artículo de Francisco Marhuenda del periódico La Razón 

Su Gobierno acaba de anunciar que no compensará a los pensionistas por la pérdida de su poder adquisitivo durante este año. ¿Es la última promesa electoral que le quedaba por incumplir?

–Probablemente es una de las decisiones que más me ha costado tomar, pero lo he hecho porque considero que es imprescindible para el conjunto del país. De hecho, las hemos subido hasta donde hemos podido, un uno por ciento este año y un dos por ciento para la mayoría el que viene. Es una subida muy modesta, pero no podemos ir más allá; también hemos tenido que recurrir al fondo de reserva para pagar la extra de Navidad.

–¿Por qué mantuvieron hasta el último momento que cumplirían la ley? ¿No hubiera sido mejor reconocer antes que no iban a poder mantener la revalorización de las pensiones?

–Podríamos haber tomado la decisión antes, sí. No lo hicimos porque intentamos hasta el último momento no tener que tomar esa decisión. Y la hemos tomado porque no teníamos otra opción.

–¿Que le puede decir a un pensionista que se siente defraudado?

–Quienes mejor saben lo que es hacer sacrificios y esfuerzos son nuestros padres y las personas que hoy están jubiladas. Ellos han tenido una vida muy dura y han trabajado muchísimo para dejarnos el país desarrollado que, a pesar de la crisis actual, es España. Por eso  intentamos hasta el último momento mantener la compensación, por eso yo me comprometí públicamente a defender las pensiones y señalé que es lo último que tocaría. Y por eso, insisto, la única partida que crece en los próximos Presupuestos son las pensiones.

–¿Ha sido una decisión impuesta por Europa?

–En absoluto. Es una decisión impuesta por la realidad. La Seguridad Social ha perdido casi tres millones de cotizantes y hemos tenido que recurrir al fondo de reserva para hacer frente a la paga de Navidad. En estas circunstancias y ante la necesidad de cumplir nuestros compromisos pensamos que lo más razonable era suspender la compensación del IPC de este año y subir las pensiones más bajas un 2 % el año que viene.

–Todo se hace por el déficit, pero ¿vamos a cumplir con el déficit?

–A España se le ha pedido que haga un esfuerzo muy difícil, que supone pasar del 8,9 por ciento de déficit al 6,3 por ciento en un solo año. Es muy complicado reducir 2,6 puntos de déficit en un contexto de recesión, con tantos problemas con los ingresos y con una financiación tan cara. Nuestro objetivo es hacer bien las cosas y veremos qué pasa al final del año. La sociedad española, las grandes empresas, la Administración Pública y los bancos se están desendeudando y eso siempre es un proceso complicado. Durante muchos años hemos gastado demasiado y sin que ese gasto se correspondiese con nuestros ingresos.  Eso nos ha colocado delante de un proceso duro, difícil, pero imprescindible para recuperar el empleo.

– Después de lo ocurrido este fin de semana, ¿puede asegurar que el año que viene los pensionistas no perderán de nuevo poder adquisitivo?

–En el Presupuesto del año que viene, sólo crecen dos partidas: la de las pensiones y la de los intereses de la deuda. El Gobierno está haciendo todo lo que puede para intentar proteger a los pensionistas, que son uno de los colectivos con menos posibilidades de defenderse. Pero no hay que olvidar que las pensiones representan la cuarta parte del gasto público español, un 25 por ciento de todo lo que gastan todas las Administraciones Públicas. Creo que el año que viene será mejor que éste, también en materia de pensiones.

–¿El sistema no es sostenible tal y como está hoy en día diseñado? Ya han tenido que recurrir en dos ocasiones en este año a la «hucha» de las pensiones.

–El gasto en pensiones representa el 25 por ciento del gasto público y la previsión es que en los próximos años el número de pensionistas sea mucho mayor. Es bueno que cada vez la gente viva más tiempo, pero para sostener el modelo hace falta que se mantengan las cotizaciones sociales y que no haya economía sumergida. Quien trabaja sin cotizar a la Seguridad Social está dañando el sistema de pensiones. Por eso el Gobierno ha decidido hacer un esfuerzo extraordinario para combatir la economía sumergida y todas las prácticas de fraude. Cuando alguien defrauda a la Seguridad Social o en el pago de sus impuestos está defraudando a todos los que pagan la Seguridad Social y cumplen con sus obligaciones fiscales. Y en cuanto a las pensiones, llevaremos una propuesta al Pacto de Toledo para garantizar su sostenibilidad.

–¿Anticipará el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, como pide Bruselas?

–En estos momentos nuestra prioridad es que los ciudadanos se jubilen a la edad marcada por la ley vigente, a los 65 años. En 2009 y 2010, sólo el 50 por ciento de las personas jubiladas tenía esa edad.

–¿Y qué más se debe hacer para garantizar que se van a pagar las pensiones de quienes hoy son cotizantes?

–Como les he dicho, es muy importante que el sistema sea flexible para que sea sostenible en el tiempo. Por lo tanto, vamos a negociar en el seno del Pacto de Toledo ese factor de sostenibilidad. Pero lo realmente imprescindible es volver a crear empleo. En los últimos años, casi tres millones de personas han dejado de cotizar, por eso hemos tenido que adoptar las últimas medidas. Volver a crecer y crear empleo es lo que garantiza unas pensiones dignas y unos servicios sociales de calidad.

–¿Cuál ha sido el momento más duro de este primer año de Gobierno?

–No sabría decir un momento concreto. Este viernes, por ejemplo, no ha sido nada fácil. Sin duda, lo que más me ha angustiado ha sido la situación económica y sus consecuencias en la vida de las personas. Convivir con estas cifras de paro y de crecimiento económico. Cuando presentamos los Presupuestos de 2012, ya sabíamos que lo que venía por delante iba a ser muy malo, pero gestionarlo en el día a día está siendo muy duro.

–De lo que ha tenido que administrar, ¿ha habido algo que no entrase en sus planes, que no se esperase?

–Ha habido varias cosas que no me esperaba. Una de ellas ha sido el déficit público tan elevado. Si de verdad hubiera estado en torno al 6 por ciento, las cosas habrían sido muy diferentes. De la cifra real nos enteramos nada más llegar al poder y esa desviación ha hecho mucho daño al país y nos ha obligado a tomar medidas muy difíciles. Tampoco teníamos datos correctos del sistema bancario, y por eso, al final, tuvimos que nombrar a unos evaluadores independientes que nos han señalado cuál es la situación real de nuestras entidades financieras. Y añadiría una tercera cosa que también nos pilló por sorpresa: la enorme deuda que acumulaban algunas empresas públicas, sobre todo en Fomento. Y por supuesto tampoco me esperaba la magnitud de las facturas que estaban guardadas en los cajones de muchas Administraciones Públicas, lo que nos obligó a hacer un plan de pago a proveedores por valor de 25.000 millones de euros. Es impropio de un país como España que las administraciones no paguen a sus proveedores: hay que adecuar los gastos a los ingresos que se tienen.

–¿Ya no piensa que el traspaso de poderes fue «modélico», como entonces dijeron?

–Probablemente el Gobierno desconocía la verdadera situación de las entidades financieras. Y tengo que pensar que tampoco conocía la situación del déficit público. Pero lo que piense sobre eso ya da igual.

–¿Cuáles han sido las medidas que más  le ha costado adoptar?

–Todas las que afectan directamente a las personas. Sobre todo si han supuesto un incumplimiento del programa electoral. La reforma laboral afecta directamente a los ciudadanos, pero no es un incumplimiento de nuestro programa y en el futuro será muy positiva para la contratación. Pero no esperaba subir el IRPF, y en cuanto pueda lo bajaré. Y tampoco contaba con tener que incrementar el IVA y, desde luego, hicimos todo lo posible para mantener la revalorización automática de las pensiones.

–La oposición y un sector de la ciudadanía le acusan de «engañar» por no contar en su programa que iba a adoptar esas impopulares iniciativas.

–Uno no puede pretender ser presidente del Gobierno y no estar sometido a la crítica. Y hay críticas justas y otras injustas, pero todas deben ser tenidas en cuenta. Lo más importante es tener la conciencia tranquila y saber que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Un presidente del Gobierno no se puede dejar condicionar por otra cosa distinta al interés general de los españoles. Obrar así es lo que te da equilibrio y tranquilidad. Por otra parte, les diré que todo el mundo, incluso quienes me critican, saben que sólo se puede salir de esta situación con mucho esfuerzo compartido.

–¿En algún momento a lo largo de este año ha pensado que el rescate era inevitable, como sí lo han creído algunos de sus colaboradores?

–Del rescate se ha hablado mucho en estos meses. Entiendo que cuando hablamos de rescate, nos referimos a la posibilidad de que España pida al Banco Central Europeo (BCE) que compre bonos en el mercado secundario. Y eso ya ocurrió en verano de 2011, lo que pasa es que ahora se le llama rescate. La decisión del BCE de abrir una línea de crédito fue muy positiva, porque sirvió para lanzar un contundente mensaje sobre la irreversibilidad del euro. Esas dudas son las que hacen que la prima de riesgo sea tan elevada. Por tanto, lo que ha hecho Draghi es muy positivo y a partir de ahí los gobiernos podemos decidir si queremos o no que se active la ayuda. Hasta este momento he considerado que no era necesario hacerlo, pero si en el futuro entiendo que es bueno para el interés general no tendré ninguna duda a la hora de recurrir al BCE.

–Comparaba la situación con otras intervenciones del BCE en el mercado secundario. Pero la diferencia sustancial no es el nombre sino la condicionalidad de este programa de asistencia y, por tanto, sus consecuencias políticas para el Gobierno que lo solicita, ¿no?

–Como comprenderán, a estas alturas las consecuencias políticas, en términos de interés particular, son mi ultima prioridad. Haré lo que tenga que hacer para sacar a España de esta situación. No estamos en un momento para pensar en el corto plazo, sino en la enorme tarea que tenemos que hacer en esta Legislatura.

–Una prima de riesgo sobre los 400 puntos es asumible para España. ¿Si se queda ahí no hará falta pedir ayuda al BCE?

–Hay que ser prudente. Lo más importante es saber qué tenemos que hacer y hacerlo si llega el momento. Para que la prima de riesgo baje y se puedan financiar de manera más razonable las administraciones, las grandes empresas, las entidades financieras, las pymes y las familias, el Gobierno tiene que cumplir con sus deberes. Tenemos que controlar el déficit público, no gastar lo que no tenemos, hacer reformas estructurales, continuar con la reforma del sistema bancario y seguir trabajando para que en Europa se den pasos que sigan reafirmando el mensaje de que el euro es una moneda irreversible. La solución que se le ha dado al problema de Grecia ha estado muy bien. Y hay que continuar avanzando en la integración europea y en la unión bancaria, que se abordará en el Consejo Europeo de diciembre. Lo importante es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y que Europa también lo haga.

–¿Se ha sentido presionado por el sector privado para que pidiese la ayuda al BCE?

–Depende de cómo cada uno interprete las presiones. He escuchado a mucha gente que me ha dado su opinión. En privado y por otros procedimientos, como en los medios de comunicación. Hay que escuchar a todos, pero opinar es más fácil que decidir. Mi obligación es decidir en función de los intereses generales, y cuanta más información tenga, mejor.

–¿Qué obstáculos nos esperan en el camino inmediato?

–El año 2012 ha sido malo. Y en 2013 también habrá crecimiento negativo, pero será mejor. En 2014 ya habrá crecimiento positivo para la economía. Así lo entienden también el FMI, la OCDE y otros organismos. Nuestra obligación es mantener la misma política económica porque empieza a haber signos positivos. En el déficit exterior, la balanza comercial con la zona euro está en positivo. Está inclinada claramente a nuestro favor con países como Francia e Italia. Es muy importante que las exportaciones aumenten en un momento en que la zona euro atraviesa una profunda crisis. El año que viene la balanza por cuenta corriente estará en equilibrio después de que haya tenido un déficit del 11 por ciento sobre el PIB. Nuestras empresas se están moviendo y están haciendo muy bien las cosas por todo el mundo. También juega a nuestro favor que inversores extranjeros apuesten por España como han hecho empresas del sector automovilístico. Renault o Ford han decidido apostar por  la renovación de sus plantas españolas, y eso es muy importante. 

–¿En qué justifica las diferencias que existen entre sus previsiones para 2013, mucho más optimistas, y las que han hecho otros servicios de estudios internacionales y nacionales, incluido el Banco de España?

–Nuestras previsiones de 2012 eran menos optimistas. La Comisión Europea vaticinó un -1 por ciento de crecimiento, aunque luego lo corrigió, y la nuestra era del -1,7 por ciento. Para el año que viene nosotros también sostenemos que habrá crecimiento negativo, pero creemos que el crédito va a ser un factor determinante en la evolución final de la economía. Es muy importante que se recupere la confianza, que quien tenga dinero lo invierta, que vengan inversores extranjeros y que las entidades financieras puedan dar más crédito del que conceden en estos momentos. En la medida en que el crédito se vaya recuperando, nos podamos financiar mejor y se vea que se acerca el final de la crisis, las cosas irán mejor. En este análisis basamos nuestra previsión de que el crecimiento económico será negativo, pero del -0,5 por ciento. En cualquier caso, al final, las previsiones no dejan de ser previsiones y lo que hay que hacer es trabajar para superarlas en positivo.

–Entonces, según sus cálculos, ¿el año que viene ya volverá a circular el crédito en España? Seguro que sabe que en la Banca no son tan optimistas.

–La última parte del año que viene será mejor que ahora.

–¿Si seguimos por esta senda no harán falta más ajustes en Educación, Sanidad o en la Función Pública?

–En estos momentos no estoy en condiciones de asegurarlo. Ya hemos hecho reformas muy importantes cuyos efectos en el control del gasto se irán desplegando en el tiempo. Es una buena noticia que la Comisión Europa no nos haya pedido nada más ni para 2012 ni para 2013. Y en cuanto tenga margen intentaré compensar algunas de las decisiones que he adoptado en materia impositiva, por ejemplo la subida del IRPF, o con la Función Pública.

–¿Puede que todavía haga falta subir más algunos impuestos como el IVA? Vuelven a exigirlo voces del exterior, como la OCDE.

–Hemos subido casi todos los impuestos en contra de nuestro programa electoral porque consideramos vital reconducir unas finanzas públicas que estaban fuera de control, como prueba la desviación de déficit del año pasado. Al final el esfuerzo se ha repartido bastante equitativamente entre un aumento de ingresos y un recorte de gastos. A partir de ahora lo importante es volver al crecimiento económico.

–¿Cuáles son sus prioridades para el nuevo curso?

–El control del déficit público, culminar la reestructuración del sistema bancario y que siga avanzando la integración europea. Estos son los tres instrumentos más necesarios para reactivar la economía, junto con las reformas estructurales. Trabajamos para presentar pronto la Ley de Unidad de Mercado y una Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado. Entre nuestras prioridades está también seguir fomentando las exportaciones y, por supuesto, la reforma de las Administraciones Públicas, en la que está trabajando intensamente una comisión técnica que debe tener listo su informe de conclusiones antes del 30 de junio. Y desde luego mantendremos el esfuerzo en la lucha contra todo tipo de fraude: el fiscal, el laboral, en el seguro de desempleo y la economía sumergida.

–Citó la Ley de Unidad de Mercado, pero no ha mencionado la Ley de Emprendedores, su otra gran promesa electoral. ¿No verá la luz el próximo año?

–Esta ley iba en el programa y sigue siendo una compromiso de este Gobierno. Tenemos ya muy avanzado un borrador, pero hay un obstáculo muy importante en el ámbito fiscal dada la situación en la que todavía se encuentran las cuentas públicas. Hay que ver cómo evoluciona la recaudación y éste no es el mejor momento para bajar los impuestos. Pero en cuanto se pueda, la aprobaremos.

–¿Está satisfecho con el funcionamiento de la reforma laboral?

–Sí. Y producirá más efectos cuando empiece a recuperarse la actividad económica. En los años anteriores a que entrase en vigor esta reforma laboral, en España se perdieron 3 millones de puestos de trabajo porque en situaciones de dificultad la legislación no daba otra alternativa al despido. Ahora se están produciendo suspensiones temporales de empleo, se está optando por la movilidad de trabajadores o por cambiar las condiciones de trabajo. El contrato de emprendedores está funcionando bien y está aumentando el número de trabajadores autónomos. España está ganando competitividad a muy buen ritmo, por eso grandes empresas como Ford o Renault han decidido invertir en España y ampliar su producción aquí.

–¿Y por qué sigue destruyéndose empleo y se mantienen esas malas previsiones para el próximo ejercicio?

–El año que viene irá mejor que éste. Y en 2014 habrá crecimiento y eso se notará en el empleo.

–En política sanitaria ya ha dejado claro que no le gusta el euro por receta. ¿Y el modelo de privatización de la gestión sanitaria que ahora se está poniendo en marcha en la Comunidad de Madrid?

–No me gusta el euro por receta porque no discrimina por renta. Nuestra medida, el copago farmacéutico por renta, está funcionando bien y desde julio ha permitido una reducción del gasto farmacéutico de 800 millones de euros. Es una medida justa, equitativa y razonable. Quien no puede, no paga; quien puede un poco, paga un poco; y el que más puede es el que más paga. En cuanto a la privatización de la que me hablan, hay que tener en cuenta que la Sanidad se puede gestionar de varias maneras. Con una gestión de la Administración Pública, como en el hospital madrileño de La Paz; con una gestión pública, pero la parte no sanitaria es privada; con titularidad pública y gestión privada; o con el sistema de conciertos con la sanidad privada. Todos estos modelos existen y han funcionado siempre. De hecho, hay comunidades que nunca han estado gobernadas por el PP, como Andalucía, en las que hay muchos conciertos con la sanidad privada. Pero de eso algunos no se quejan, y, curiosamente, sí ven  motivo para hacer campaña contra lo que pasa en Madrid. Nuestro objetivo es preservar una Sanidad universal y gratuita y no hemos adoptado ninguna medida que la ponga en riesgo. Que la gestión sea pública o privada no es lo principal: hay magníficos gestores privados que están trabajando por convenio con la Sanidad pública y que están haciendo las cosas bien.

–Sin embargo, hay quienes creen que el PP está intentando cambiar el modelo de sociedad aprovechando la crisis.

–No estamos cambiando nada. Esto que se está haciendo en Madrid ya se hacía en otras comunidades, antes, incluso, de la transferencia de la competencia sanitaria a las autonomías.

–Y para comunidades como Madrid, a las que no les llega el dinero para seguir costeando su presupuesto sanitario, ¿su alternativa al euro por receta es que suban los impuestos?

–No. Hay margen para hablar y con Madrid y con Cataluña lo estamos haciendo. Sé que las administraciones autonómicas están teniendo muchas dificultades para cumplir con el déficit público. Y el Gobierno está dispuesto a ayudar a todas las que están haciendo esfuerzos para alcanzar el objetivo marcado. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo.

–¿Sin necesidad de recurrir al Tribunal Constitucional?

–Prefiero no hacerlo, y para eso estamos trabajando.

–Médicos, profesores, abogados, jueces, estudiantes... Todos han salido a la calle a protestar por las medidas del Gobierno. ¿Hay un problema social o es una protesta «ideológica», como piensan algunos en su partido?

–¿Y es un problema social o ideológico que un Gobierno que no lleva ni un año haya pasado ya por dos huelgas generales?

–Bueno, eso también se lo íbamos a preguntar.

–No voy a entrar en esto. Sólo les digo que entiendo que los ciudadanos estén disgustados con las decisiones del Gobierno. ¿Cómo no voy a entenderles? Los que protestan tienen todo mi respeto. Pero también tienen que saber que si estamos tomando estas decisiones es porque no hay otra alternativa para sentar las bases sólidas con las que construir nuestro futuro. Luego, cada uno puede hacer lo que quiera: los sindicatos, los partidos, el PSOE... A veces escucho algunas cosas que me tengo que morder la lengua para no contestar. Pero sé que contestar no va a servir para nada y que lo importante es mirar hacia adelante. En todo lo que hago mi pensamiento está con la gente. Me preocupan los ciudadanos y sólo ellos marcan la acción de mi Gobierno. Creo firmemente, y siempre he actuado conforme a ese principio, que el único que no puede renunciar a defender el interés general es el Gobierno.

–¿Le preocupa, por tanto, que los recortes del gasto público estén perjudicando a los que tienen menos recursos?

–Desde el primer día hemos intentado ser equitativos. Ése ha sido nuestro criterio con la subida del IRPF o con el gasto farmacéutico. Y también por eso hemos revalorizado las pensiones, menos de lo que ha subido la vida, pero hemos subido las pensiones este año y el que viene, y el esfuerzo es mayor para las pensiones más bajas. La situación es compleja y quedan muchas cosas por hacer. Pero en España hay un colchón de protección social que está funcionando.