• La dirección provincial del partido sopesa poner en conocimiento de la Junta Electoral la práctica “intimidatoria” de una persona afín al PSOE que “está desfilando casa por casa haciendo uso de los listados de los servicios municipales y de los Planes de empleo del Ayuntamiento para obligarles a votar a esta formación política”
• Los populares albergan dudas sobre la lícita obtención y uso de dichos listados teniendo en cuenta que el candidato socialista a la Alcaldía es el técnico municipal responsable de los servicios municipales en el Ayuntamiento isleño
15 abril 2015.- El Partido Popular de Huelva está estudiando formular una reclamación y queja contra el PSOE de Isla Cristina ante la Junta Electoral de Zona por la comisión de un supuesto delito electoral ya que denuncia que una persona afín al PSOE “está desfilando casa por casa intimidando y coartando presuntamente la libertad de beneficiarios de servicios sociales y de planes de empleo al pedirles el voto para esta formación política”, lo que, a su juicio, constituye una vulneración de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).
Haciéndose eco del testimonio de varios de los afectados, el Partido Popular de Huelva ha denunciado que el PSOE “lleva varios días desfilando casa por casa valiéndose de la información contenida en los listados municipales de los servicios sociales y de los trabajadores beneficiarios de los planes de empleo para coaccionar a éstos pidiéndoles el voto por correo” para las elecciones municipales del 24 de mayo.
Una práctica “coercitiva e intimidatoria” que, según el PP, además de éticamente reprobable, puede ser constitutivo de un supuesto delito electoral de los contenidos en la LOREG ya que infringe frontalmente su artículo 146, haciéndoles saber a los infractores que pueden llegar a ser condenados con penas de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses por la comisión de este delito.
El PP argumenta que en uno de los supuestos recogidos en el artículo 146 se reconoce como ilícito penal “a quien con violencia o intimidación presionase a los electores para que no usen de su derecho de voto, ejerzan su derecho a voto contra su voluntad o descubriesen su secreto de voto”, así como “a quien por medio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector o lo induzca a la abstención”.
En este sentido, desde el PP se apunta que la situación denunciada se agrava aún más teniendo en cuenta que el candidato socialista a la alcaldía de Isla Cristina de cara a las próximas elecciones del 24 de mayo es el técnico responsable de los servicios sociales en el Ayuntamiento, por lo que “albergamos serias dudas sobre la lícita obtención y utilización por parte del PSOE de los listados de servicios sociales y de planes de empleo por parte de esta persona”, y advertimos de que, además de poder constituir un supuesto delito electoral, podría incurrir en infracciones de las tipificadas de la Ley Orgánica de Protección De Datos de Carácter Personal.
“No podemos consentir que una persona haga el trabajo sucio del PSOE utilizando información municipal y jugando con la dignidad y la precaria situación de los más necesitados, coartando su libertad de voto, ya que no son más que las víctimas de una práctica intimidatoria que dice mucho de la forma de hacer política del PSOE. No se puede ir amenazando a la gente para obtener votos ni utilizar el voto por correo para estos fines”, denuncia el PP.
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