Siguiendo
el mandato constituyente, y en el ámbito de las competencias propias de nuestra
comunidad, el Estatuto de Andalucía en su art 192-1 imponía la aprobación de
una ley en la que se regulase la participación de las entidades locales en los
tributos de la comunidad.
Ese
mandato se sustanció con la aprobación de la Ley 6/2010, reguladora de la
participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Es en esta norma en la que se incluye el compromiso de la Junta
de Andalucía con la suficiencia
financiera de nuestros ayuntamientos, a través de un Fondo de participación en
los tributos, más concretamente el artículo 4 de la citada norma establece que
la dotación global del fondo para el ejercicio 2011 será de 420 millones de
euros y un incremento de esta cuantía en 60 millones de euros cada ejercicio
hasta 2014, por lo que la dotación llegaría en ese último año a 600 millones de
euros, quedando también regulado mediante el artículo 8 de la mencionada norma,
que a partir de 2015 la dotación provisional del fondo se obtendrá actualizando
las dotaciones provisionales del ejercicio anterior con la variación prevista
para los ingresos tributarios de la Comunidad autónoma entre esos dos mismos
ejercicios, en términos homogéneos.
El
Gobierno andaluz ha venido incumpliendo desde el 2012 esta ley, ya que en las
sucesivas leyes de Presupuesto de la Comunidad han rebajado estas dotaciones,
permaneciendo desde 2012 hasta 2015 en los 480 millones de euros, lo que ha
supuesto que los municipios andaluces no hayan dispuesto de al menos 300
millones de euros de financiación incondicionada.
Este incumplimiento reiterado de la Junta ha
supuesto a los ayuntamientos de nuestra provincia unos impagos por valor de
10.653.421,13 euros,
y en concreto a nuestro municipio, la
Junta de Andalucía le ha dejado de ingresar entre 2013,1014 y 2015 unas
cantidades importantes que le corresponderían por ley, que alcanzarían el millón
de euros que debían venir de la PATRICA y han producido una merma en la calidad
y cantidad de los servicios que reciben nuestros ciudadanos.
Por todo
ello: el Ayuntamiento de Isla Cristina, a instado a la
Junta de Andalucía a actuar desde la
lealtad institucional y compartir los tributos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía con las corporaciones locales conforme estable la Ley 6/2010,
respetando los plazos y dotaciones fijadas, así como el carácter incondicionado
de dicha financiación, además de exigir un calendario de pago que contenga unas
previsiones presupuestarias para que se comience a resarcir a nuestro municipio
de los fondos no pagados ante el reiterado incumplimiento de la PATRICA durante los
periodos de 2013, 2014, 2015.
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