CSI-F denuncia que el Servicio de Atención al Ciudadano se ha trasladado "sin previo aviso"

El sindicato lamenta que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento isleño haya tomado esta decisión de forma “unilateral” sin el informe preceptivo de la Junta de Personal y considera que ésta es una muestra más de la “actitud prepotente y casi dictatorial” con la que se están adoptando decisiones que afectan al colectivo de empleados públicos.

El Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento de Isla Cristina ha sido trasladado por decisión del equipo de Gobierno sin haber avisado a la Junta de Personal, órgano de representación de los trabajadores competente para avalar este tipo de actuaciones, y sin haber comunicado su nueva ubicación. Así lo ha advertido el sindicato CSI-F, fuerza mayoritaria en este consistorio, que ha lamentado cómo esta medida está provocando numerosos perjuicios para los ciudadanos ya que el SAC recibe a diario las consultas y requerimientos de los isleños.

Según ha podido saber el sindicato, el Ayuntamiento ha extinguido el contrato de arrendamiento del local donde el SAC desarrollaba su actividad por lo que antes del próximo 31 de diciembre tendrá que buscar otras dependencias donde prestar sus servicios.

Todo ello, apunta CSI-F, sin contar con el preceptivo informe de la Junta de Personal que no ha sido consultada ni informada sobre esta decisión. Lo más grave para esta Central Sindical es que son los representantes de los trabajadores los que tienen que coordinar con el propio personal afectado del SAC su traslado para garantizar la continuidad no sólo del servicio sino de los propios puestos de trabajo.

Ante esta falta de previsión y la situación de desinformación generada, desde la Junta de Personal se ha acordado enviar un comunicado de rechazo dirigido a la alcaldesa del municipio isleño, María Luisa Faneca, por “haber vulnerado las competencias de este órgano de representación de los trabajadores y proceder al traslado del Servicio de Atención al Ciudadano sin solicitar a esta Junta la emisión del correspondiente informe”, tal y como se recoge en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público).

Así las cosas, CSI-F considera que ésta es una muestra más de la “actitud prepotente y casi dictatorial” con la que el equipo de Gobierno está adoptando decisiones que afectan al colectivo de empleados públicos.